El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) detectó en Puerto Madryn una vivienda social que era utilizada para el funcionamiento de una panadería con alrededor de 20 empleados.

Según informó el titular del organismo, Guillermo Espada, el adjudicatario del inmueble no tenía cancelada la vivienda y tampoco abonaba las cuotas correspondientes.

El caso donde el funcionario explicó que los equipos de control se encontraron con una actividad comercial de gran magnitud dentro de una vivienda destinada originalmente al uso familiar.

"Es un caso bastante conocido, que realmente es terrible porque la vivienda, bueno, primero no está cancelada, no se han abonado las cuotas, después hacer un emprendimiento comercial de tal magnitud con 20 personas trabajando", expresó Espada.

Además, señaló que el titular del beneficio tendría otras sucursales comerciales y habría comprado otra vivienda fuera del circuito público.

"Tendría otras sucursales al haber comprado otra vivienda, por otro lado, todo mal realmente", agregó el funcionario.

Desde el IPV remarcaron que las viviendas sociales deben destinarse al uso familiar y no a emprendimientos comerciales.

"El Estado provincial o todos los ciudadanos de Chubut no le pueden estar pagando al señor que está usufructuando esa panadería. Esa es la realidad. Nos está sacando un poquito a todos para hacer su negocio", sostuvo Espada.

También indicó que esa vivienda podría ser destinada a otra familia que necesite acceder a un hogar.

"Esa vivienda realmente hace falta para otra familia madrynense, que tenga niños, que necesite su hogar, y no para un emprendimiento comercial", afirmó.

Según se informó, el caso avanza administrativamente hacia la caducidad del beneficio y el desalojo de la maquinaria instalada en el inmueble.